El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Nación se reunieron con los técnicos de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace para analizar los temas que plantearon los ruralistas la semana pasada en Castelar, en relación con la sequía. Si bien, hasta ahora no se conocieron definiciones sobre los pedidos, el planteo se centró en la presión impositiva y fiscal, apoyo financiero y asistencia directa a los productores para lograr liquidez y enfrentar la campaña.

Según explicaron fuentes oficiales a LA NACION, este primer encuentro con la mesa de trabajo sirvió para que los técnicos de los respectivos organismos dialogaran directamente con los equipos de la Mesa de Enlace. En los próximos días y antes del 1º de febrero habría un segundo encuentro en el que se van a exponer las medidas de posible aplicación.

En la reunión, que se realizó en la secretaría de Agricultura, participaron por Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica con la técnica Silvina Campos Carles; por Federación Agraria Argentina, Matías Surt y por la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola.

“Trabajamos en el detalle y profundización de las medidas que se hablaron en Castelar en forma general, pero hoy puntualmente en cada medida que estamos pidiendo. Ya sea en el ámbito impositivo y financiero, de lo que requiere esta emergencia”, indicó Chemes ante los medios que lo aguardaban a la salida de la reunión en Agricultura.

Laucirica, en tanto, agregó que por la participación de la entidad bancaria habría un indicio de que las medidas van por el lado crediticio. “Lo bueno de esto es que estamos todos sentados en una misma mesa, los que tienen los poderes de decisión con nosotros que planteábamos las necesidades. Los vi muy predispuestos tanto a AFIP como Banco Nación para buscar agilizar las medidas del acceso al crédito o el alivio fiscal que venimos pidiendo”, añadió.

La Mesa de Enlace había solicitado en un principio la suspensión de anticipos de impuestos a las Ganancias, las prórrogas o exención, según el caso de impuestos provinciales, y modificar el cálculo del impuesto a las Ganancias para la venta forzosa.

Uno de los principales problemas planteados por las entidades son los inconvenientes en la facturación, porque habrá menos granos, ganado para vender y ventas anticipadas de hacienda por la dificultad de engorde por falta de alimento. Por ende, los instrumentos fiscales solicitados van también en dirección a los embargos fiscales, refinanciación de pasivos, no considerar las ventas forzadas de hacienda, suspensión de impuestos provinciales, tal y como se había planteado originalmente.

Los ruralistas sumaron la suspensión del descuento en las ventas de granos del IVA que se retiene, eliminación de trabas a la importación (se mencionó el caso de las semillas forrajeras) para la próxima campaña de siembra de pasturas, así como derogar de la tasa del BCRA para los productores de soja.

A esto le agregaron la prórroga en el pago de las cargas sociales en el caso concreto de las economías regionales, la eliminación de las restricciones en la comercialización de carne (para los 7 cortes), y la modificación en los derechos de exportación que planteó la Rural en un documento que le presentó al ministro Massa en Castelar. Las entidades también sumaron la suspensión de embargos y blanqueo de períodos o meses anteriores.

En un documento, la SRA también amplió que se solicitó la suspensión de la retención del IVA no solo en las liquidaciones de ventas de granos, como se mencionó, sino carnes y lácteos e insumos para la campaña 2023/24. La entidad sumó, entre otros pedidos, la prórroga de vencimientos de créditos a productores en emergencia y evitar que la situación de emergencia afecte la clasificación crediticia de los productores y unificación cambiaria.

Emergencia
A raíz de este encuentro, Laucirica rescató la necesidad de conformar un comité federal de emergencia, que también integre Ministerio de Trabajo, para que le lleguen las soluciones al productor. Esto, dijo, dada la agilidad con la que se trabaja en esta mesa compuesta por varios actores del que participa el ámbito provincial y nación.

“Es fundamental poder llevar esto a la práctica rápido, porque si no va a ser un alivio que no soluciona nada, por eso también está el tema de las declaraciones de emergencia. Esto, de alguna manera tiene bastantes cosas incluidas dentro de la ley de emergencia, pero que nunca funcionan porque siempre llegan uno o dos años después. Estamos cansados de ver la noticia de que se aplicó la ley de emergencia de hace dos años y ya estamos en otra emergencia, que por ahí son por lluvia, sino por la seca”, detalló Carlos Odriozola, secretario de la SRA.

“Dejamos claro de que hay dos escenarios: uno de emergencia, pero de ninguna manera dejamos de lado los otros temas que hay que seguir discutiendo y peleándolos y solucionarlos. Si esto que estamos reclamando en un segundo escenario o en un escenario que no es de urgencia existiera, probablemente las medidas de emergencias, no tendrían que ser tan profundas como lo que estamos pidiendo”, detalló Chemes.

“Esperaremos a tener las medidas para poder emitir un juicio, pero la situación está muy grave. No solo de las economías pampeanas, sino también de las economías regionales y esto se va a ver. Muchos están preocupados por la falta de divisas para la economía del país, pero [esto] lo vamos a padecer en los pueblos chicos, porque cuando no estén los ingresos de la producción agropecuaria se va a sentir en los comercios y en los servicios. Esperamos que estas medidas puedan ayudar a paliar esta situación y podamos entonces llevar las soluciones que el productor y la sociedad necesita”, sintetizó Laucirica.

Belkis Martínez